Análisis: Suspensión del país del Mercosur viola las normas

  • GILBERTO CARREÑO

04 de diciembre de 2016 06:00 AM

EL UNIVERSAL

Caracas.- El especialista en derecho internacional Mariano de Alba Uribe, elaboró un análisis sobre la notificación a Venezuela de cese del ejercicio de los derechos inherentes a la condición de Estado por parte del Mercosur , en que llega a la conclusión que el procedimiento ha sido irregular y violatorio de la correspondiente normativa.

A través de la web de Prodavinci, explica que los países promotores de tal decisión se apoyaron en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que aunque permite en su artículo 60.2 la suspensión total o parcial de un tratado, solo aplica cuando se configure una “violación grave”, representada en el incumplimiento de una disposición considerada esencial  para la consecución del fin tratado.

Según lo interpreta del experto, los países (Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay) han considerado  que el hecho de que Venezuela no haya incorporado todos los acuerdos que garantizan el arancel externo común y la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, constituiría una violación grave, que los facultaría para  suspender el Protocolo de Adhesión de Venezuela al ente.

Pero estima que teniendo en cuenta que el mencionado artículo establece un procedimiento basado en el 65 y otros artículos de la misma Convención, que prevé los casos para suspender la aplicación de un tratado, habría que notificársele formalmente al país la intención y  razones en las que se fundamenta la medida.

“Esa primera disposición ya evidencia que la suspensión no podía darse de manera automática, sino que primero había que notificar a Venezuela”, asegura Mariano de Alba Uribe.

Y admitiendo que esa primera notificación ocurrió el pasado 13 de septiembre, con la “Declaración Conjunta Relativa al Funcionamiento del Mercosur y al Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela”, considera el internacionalista que “el punto crucial es que el artículo 65.2 establece que la medida de suspensión únicamente se podía tomar después de un plazo no inferior a tres meses desde la recepción de la notificación por Venezuela”. En consecuencia -dice- al menos hasta el 13 de diciembre del año en curso, los países del Mercosur no podían proceder a la suspensión.

Entiende el especialista, que Venezuela presentó su objeción cuando planteó la controversia sobre  el tema, al solicitar la activación del Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el Mercosur, por lo que  que la medida fue puesta en práctica “en forma irregular  y en violación al procedimiento previsto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”.

El camino obviado

Para el experto  hubiese sido más expedito para el efecto buscado evocar las normas del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático, lo cual no ocurrió, sino la falta de incorporación de las normas de Mercosur al ordenamiento jurídico venezolano.