¡Hace falta un solo juez!

Por: Alberto Arteaga Sánchez.

Sin poder judicial independiente, no hay justicia, ya que esta se encarna en jueces, hombres y mujeres, que han jurado cumplir con su deber, en el entendido, como dijo San Agustín, de que, sin justicia, los reinos se convierten en grandes latrocinios.

No es verdad, como se ha dicho al inicio del año judicial 2017, que tengamos el poder judicial más independiente de la historia, ya que enero comenzó bajo la reiteración de la más descarada transgresión a la Constitución, con la invención perversa de un pretendido desacato, “ilícito constitucional judicial”, arbitrariamente creado, que llevaría a la cárcel, sin el debido proceso, a los diputados “rebeldes” que correrían la misma suerte de los alcaldes “desobedientes”.

El Tribunal llamado supremo, ya no es supremo ni es de justicia. Está al servicio de la revolución y del socialismo, por lo cual, como lo proclaman sus magistrados: “a confesión de parte, relevo de pruebas”. Un tribunal que sirve al poder, no merece tal nombre, encontrándose  en incapacidad para juzgar, cuando ya se ha emitido ex-ante  su pronunciamiento.

No se trata de simples lucubraciones teóricas ni de planteamientos políticos de la oposición.

El presidente de la República tiene libertad de expresión y no instiga al odio con discursos violentos, como sentenció el TSJ en contra de Hermann Escarrá, quien denunció a Chávez por haber incitado a pasar por encima de la minoría fascista, en caso de violencia en la calle, de manera que no quedara piedra sobre piedra de la “apátrida oligarquía” (Sala Plena, 2009) y, en otra decisión, desestimando igualmente la denuncia contra el presidente como determinador de las muertes del 4-F, sentenció que “no basta una mera provocación a delinquir en general dirigida a una masa indeterminada de personas, sino una acción directa y concreta que lleve al autor a cometer el delito (Sala Plena, 2012). Asimismo, la Fiscalía y los tribunales decidieron que ni siquiera había lugar a una investigación por la reclusión forzosa de Franklin Brito, en protesta pacífica y huelga de hambre por sus legítimos derechos; no han encontrado responsables por la “desaparición” de miles de millones de dólares entregados a empresas de maletín; el secreto rodea la investigación sobre los sobornos de Odebrecht; no hay responsables por los alimentos descompuestos y perdidos en los depósitos de nuestros puertos; y, entre muchos otros graves casos, no se han determinado responsabilidades en los macabros operativos de la OLP, con cifras no precisadas de venezolanos abatidos o desaparecidos.

En el pasado democrático muchos de los dirigentes de entonces, hoy en ostentosas camionetas, vidrios oscuros y blindaje a toda prueba, protestaron contra los abusos y la represión del Estado, encontrando protección y amparo en la Fiscalía, sin defensor del pueblo –cargo que no existía– pero con un padre Olaso erigido en muro de contención y reclamo tanto, que la solidaridad con los autores del 4-F, a pesar de las víctimas de la violencia hoy olvidadas, fueron amparados en sus derechos, hasta el punto de que se tolerara que nunca fuera trasladado Chávez a un tribunal, siendo sobreseído, en definitiva, por decreto presidencial.

Hoy, en la realidad de nuestra “justicia”, lleva tres años preso Leopoldo López por instigación al odio, al pronunciar frases “subversivas” como la de “salir a conquistar la democracia” y ser, pretendidamente, determinador de un incendio y daños, ajenos a su actuación; Ledezma continua en “prisión provisional eterna” por una imaginaria conspiración; Raúl Baduel, cumplida la pena injusta que le fue impuesta, de nuevo es sometido a juicio por no haberse “reinsertado en la revolución”; Gilber Caro paga como luchador social, irrespetado en su dignidad y en su condición de diputado; Yon Goicoechea, sigue preso, ordenada su excarcelación; Braulio Jattar es enjuiciado por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión; Lorent Saleh se ha visto sometido a un proceso ilegal, entregado en la frontera, sin formula alguna de extradición; el alcalde Ceballos fue destituido y sometido a juicio por una “rebelión individual” que no se registra en la historia venezolana; Yendrix Sánchez, de peculiar personalidad, fue imputado por ofensas al presidente y asociación para delinquir, por haber interrumpido el discurso de juramentación  presidencial; y, entre tantos otros hechos absurdos de injusta persecución, Massiel Pacheco, una humilde mujer de nuestro pueblo, con su modesto puesto de arepas, fue apresada y acusada como “terrorista” por un paquete sospechoso de explosivos colocado cerca de su tarantín de trabajo.

En todos estos casos, lo único que falta es un juez, simplemente un hombre o una mujer que, siguiendo el ejemplo de la liceísta del Benito Canónico de Guarenas, decidida, firme, sin tapujos le dijo al presidente lo que sus ministros callan y lo que quiere decir el pueblo sufriente.