“No hay quien castigue los crímenes cometidos”

By NATALIA MATAMOROS | NMATAMOROS@EL-NACIONAL.COM
Uno de los aspectos que incide en el aumento de la impunidad –que en el país se ubica en 98%– es el déficit de jueces. Laura Louza, presidente de la organización Acceso a la Justicia, dijo que actualmente por cada 100.000 habitantes hay 6 jueces, cuando los estándares internacionales indican que debería haber 9 juristas.

Según sus cálculos, 73% de los jueces que ejercen el área penal no son titulares, sino transitorios; es decir, que pueden ser removidos de sus cargos y eso implica retraso en el proceso de sentencia de los inculpados por diversos delitos. “No hay concursos para nombrar nuevos fiscales y jueces, lo cual incide en los retardos procesales que constituyen la principal causa del hacinamiento carcelario y propicia la impunidad. No hay quién castigue los crímenes cometidos”, explicó la experta.

El déficit de jueces es solo un eslabón en la larga cadena de irregularidades que no han sido atacadas para combatir de manera eficaz la criminalidad y que fueron tratadas en el foro Violencia e inseguridad: propuestas para superarlas desde la mirada de los expertos, organizado por Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, y otros especialistas en la materia.

Policías vulnerables. En su intervención, el abogado Luis Izquiel destacó que cada 18 minutos se comete un homicidio en el país. Eso equivale a que diariamente son asesinadas 78 personas, cifra que supera las estadísticas de violencia registradas en Honduras y que ahora ubican a Venezuela como la nación que tiene mayor índice de criminalidad en el mundo.

Esta situación también obedece a que la mayoría de los cuerpos de seguridad están desarmados, en comparación con los delincuentes que disponen de fusiles y hasta de granadas.

“Los funcionarios tienen las de perder en los enfrentamientos con delincuentes. Además, no gozan de los incentivos económicos que los mantengan alejados de los vicios y actos de corrupción en los que se ven envueltos con frecuencia”.

De igual manera la falta de voluntad política para establecer medidas de prevención del delito ha contribuido a acentuar la criminalidad en Venezuela. “No hay planes educativos que impidan el surgimiento de nuevos delincuentes y que los que habitan el territorio vivan en toque de queda. La gente está atemorizada, no quiere salir de noche”.

Para el criminólogo Fermín Mármol García el nuevo plan de seguridad puesto en marcha por el gobierno omitió dos medidas que deben aplicarse con urgencia en el país: un programa desarme y el fortalecimiento del Cicpc, organismo que registra un déficit de 300% de agentes.

Luego del diagnóstico, los especialistas manifestaron la necesidad de que el Estado ponga en práctica políticas destinadas a prevenir el delito, a atender a los niños que están en situación de calle, que son semilleros de futuros delincuentes, así como también de asistir a la población reclusa a través de programas de reinserción que acaben con las mafias que se tejen dentro de los recintos carcelarios y depurar los cuerpos de seguridad.

Humberto Prado informó que esos planteamientos serán llevados a la Vicepresidencia de la República y a Larry Davoe, representante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en aras de concretarlas mediante estrategias a corto, mediano y largo plazo.