Operatividad de fábricas de productos regulados es inviable por alza salarial

El presidente de Conindustria dijo que la Ley del Trabajo es una promesa que el gobierno “está trampeando” porque no pueden asumir la carga de las prestaciones

El impacto del incremento del salario mínimo integral decretado por el presidente Nicolás Maduro el viernes y que llega a 65.056,72 bolívares incidirá en el sector manufacturero, dependiendo del tipo de productos que fabrique.

Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, aseguró: “Si se producen artículos con precios regulados y no se puede trasladar el costo del alza salarial al precio de venta, la operación será inviable, van a perder y tendrán que cerrar”, dijo. Si las industrias fabrican bienes no regulados pueden incorporar el costo de la nómina al precio, pero “el aumento generará más inflación”, enfatizó.

Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, señaló que el parque empresarial y comercial del país está integrado 90% por pequeñas y medianas empresas que afrontan una contracción en el consumo de 40%, calculado con base en un salario promedio entre junio 2015 y junio 2016, y 370% de inflación más la crisis eléctrica, falta de materias primas y caída de la productividad. Todos estos factores hacen inviable que las Pymes puedan asumir el aumento del salario mínimo.

Añadió que la nómina de estas empresas de estructura pequeña tiene un gran peso y el incremento ejercerá presión hacia la reducción del número de trabajadores. “Subirá el desempleo y la informalidad”, dijo.

Trampa. Olalquiaga indicó que el gobierno actúa en contra del fortalecimiento de las prestaciones de los trabajadores, pues el bono alimentación equivale a tres cuartas partes del salario: “Por vía de hecho se demuestra que la Ley del Trabajo vigente no es aplicable a este pais. Es una promesa que el gobierno está trampeando porque ni ellos pueden con la carga que generan las prestaciones sociales”.

El economista recordó que el bono de alimentación es un beneficio de ley que no cuenta para el cálculo de las prestaciones sociales y se incrementa para evitar que el pasivo de las empresas y del sector público aumente. “La medida va en contra de la estructura de prestación social por la que han luchado los trabajadores”.

El pasivo laboral, que era el seguro con el que contaban los empleados para su jubilación, pierde sentido frente a la hiperinflación porque se termina viviendo en el presente y se destruye el mecanismo del ahorro.  “Cuando se vive en una economía de hiperinflación, como la de Venezuela, no tiene sentido acumular prestaciones ni caja de ahorro porque la inflación desvanece el dinero”, dijo.

Oliveros alertó que los aumentos de salario de manera inconsulta sin considerar la productividad de las empresas lo que hace es estimular la inflación.

Explicó que “el incremento de salario genera más inflación porque suben los precios de los productos. El salario termina creciendo menos y cae el poder adquisitivo y el consumo. Pierde la economía, las empresas y el trabajador. “La mejor política de resguardo del empleo es controlar la inflación”.

El gobierno tendría que tomar decisiones en tres frentes: fiscal, cambiario y social, con una visión de conjunto que lamentablemente no tiene.

Olalquiaga señaló que es muy deseable que el poder de compra suba, pero si no aumenta la cantidad de unidades producidas eso no ocurrirá.

LA CIFRA
90% de las empresas y comercios del país son pequeñas y medianas, y su nómina representa una importante carga, dijo Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica